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Ayer en Caldera, se realizó la paralización total del puerto por parte de pescadores artesanales ante la decisión arbitraria del concejo municipal de renovar las patentes municipales por 6 meses a los locatarios al interior del terminal pesquero de Caldera, de forma inconsulta y habiendo procesos jurídicos sin culminar.
El conflicto se arrastra por varios años y mantiene en constante tensión a locatarios y pescadores artesanales, ya que estos últimos solicitan la entrega de la concesión marítima de la Caleta para diversificar sus actividades y porque la infraestructura construida en los terrenos fueron realizadas para el desarrollo del sector artesanal.
Dirigentes de Caldera acusan malas prácticas al interior del municipio, ya que los pescadores artesanales no fueron invitados a la sesión donde se votaría la renovación de las patentes por 6 meses, teniendo que llegar de improviso. Enfatizaron en que antes de tomar una resolución debieron esperar el informe jurídico que está en vías de ser presentado por la misma municipalidad.
Reclaman por la ilegalidad en la permanencia de los comerciantes al interior de la caleta, debido a un acuerdo firmado el año 2008 entre las partes, por lo que anunciaron acciones ante Contraloría General de la República, por la insistencia de las autoridades municipales de seguir otorgándoles patentes aún sin tener ninguna facultad para realizar tal gestión, lo mismo que ocurrió en la Comisión Regional de Usos del Borde Costero (CRUBC).
«Lo único que les pedimos es que esperaran la resolución del informe jurídico para tomar una decisión, tal como se hizo en el CRUBC, que nos parece los más justo para ambas partes. Lo complejo es que la renovación de las patentes municipales está a cargo de la hermana del intendente de la región de Atacama, que está a favor de los locatarios al igual que la alcaldesa, quien realizó promesas de campaña a los locatarios», declaró Miguel Ávalos, presidente de la Corporación de pescadores artesanales de Caldera y secretario de Conapach.
El dirigente agregó que están en conversaciones con el contralor de la República, Jorge Bermúdez, para que investigue la serie de irregularidades que se han venido cometiendo por parte de alcaldes y autoridades en esta materia, incluido el pago del arriendo para un grupo de comerciantes que trabajan al interior del terminal de forma particular.
«Queremos que se investigue a todos los funcionarios del CRUBC y del concejo municipal, queremos saber por qué intercedieron a favor de los locatarios en materias eminentemente técnicas, favoreciéndolos políticamente en desmedro de los pescadores artesanales, que en número son mayoría y que necesitan de los espacios para su desarrollo y crecimiento», resaltó Ávalos.
Para el dirigente, así como para los pescadores artesanales de todo el país, esta es una prueba más que el proyecto de Ley que regula el desarrollo integral y armónico de caletas y su comisión intersectorial, creada para aprobar y fiscalizar los planes de administración y donde se incluyó a la municipalidad, contribuirá a la politización de los espacios y al uso electoral de los mismos, lo que perjudicaría enormemente el que hacer pesquero artesanal y su intención de diversificar sus actividades.