Hoy, las cifras hablan de una exitosa operación industrial en las aguas que fueron chilenas y aún no existe una reacción por parte de ninguna autoridad, existen dudas sobre las reales intenciones del ex presidente Sebastián Piñera, en la forma en que defendió el territorio marítimo y se preguntan si el estado chileno se hará responsable por las pérdidas sufridas
Tal como hace casi 3 años , pescadores artesanales de Arica recuerdan con dolor la pérdida cerca de 23 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo, debido al dictamen emitido por el tribunal internacional de La Haya respecto de la demanda presentada por Perú para la delimitación marítima entre ambos países, situación ocurrida durante en el gobierno de Sebastián Piñera.
Marchas y protestas fueron por entonces las muestras del desazón que produjo el fallo en un sector castigado por la perdida de casi un 40% de las embarcaciones que antes podían salir a pescar y que ahora, por la limitante de tener que desplazarse a la altura de Pisagua, por encima de 16 horas de navegación hacia el sur, no pueden hacerlo.
Las noticias hablan de 36 mil toneladas de Jurel que pudieran ser extraídas por la industria peruana en este 2017, solo en la zona marítima ganada a Chile en la Haya y que pretende seguir creciendo en la medida que puedan estimular la instalación de plantas para la producción de conservas para el consumo humano, según señaló el ministro de la Producción peruana, Bruno Giuffra.
«En ese momento el gobierno y las autoridades de nuestro país minimizaron al máximo el problema que podía venir y que ahora vemos en la realidad la verdadera pérdida de los recursos que están pescando los peruanos y podríamos haber estado pescando nosotros mismos», declaró Sergio Guerrero, director de Conapach y dirigente de Arica.
El dirigente señaló que de todas las promesas que se hicieron entonces respecto de la construcción de un mall de Mar, un nuevo puerto pesquero, un plan de acuicultura y un proyecto de tecnificación para pescadores artesanales, el único que se está trabajando y que podría salir eventualmente después de tres años es la tecnificación de altura para embarcaciones menores, con un proyecto de 97 millones de pesos por parte del FAP.
«Ahora, lo que tenemos que ver, es cómo reparamos el daño que se hizo al pescador de consumo humano, que cuenta con pequeñas embarcaciones y que va a la pesca de los recursos bacalao, palometa, marrajo, azulejo, albacora y atún y que hoy no puede salir. A menos que se cumpla con el proyecto de tecnificación de altura», concluyó Guerrero.