“Con la nueva ley de modernización del Sernapesca, un gerente de planta condenado por procesar productos sin acreditar origen legal seguramente terminará con una suspensión condicional de la pena o una remisión condicional, mientras un pescador sancionado por una falta administrativa, no por un delito, se arriesga a 6 meses de prisión efectiva, situación que refleja el desequilibrio y falta de integralidad que contiene el proyecto de ley” afirmó Cristian Tapia, abogado de Conapach.
Conapach, durante la tramitación de este proyecto de ley, solicitó revisar las infracciones y sanciones existente en materia extractiva aplicables al sector artesanal con el objeto de incorporar salidas alternativas a la prisión efectiva en caso de que no puedan pagar las multas, suspensiones condicionales de la pena en caso de primerizos o de infracciones que no afectan la conservación de los recursos, rebaja de los pisos en las multas fijas, otorgamiento de grados de discrecionalidad al tribunal para aplicar las penas, revisión de causales de caducidad, propuestas que no fueron apoyadas por la Subsecretaría de Pesca en la cámara de diputados.
“En la actualidad, el Servicio Nacional de Pesca está obligado a judicializar mínimas infracciones, como la declaración extemporánea de un desembarque artesanal, estando el juez obligado a aplicar sanciones de multa, costas del juicio, en circunstancias que esas mismas infracciones tienen un tratamiento distinto en materia acuícola con el mecanismo de no conformidades, los artesanales pasan por los tribunales y los salmoneros por las oficinas del Servicio, a los artesanales les aplican multas y prisión efectiva y a las salmoneras boletas de amonestación”, recalcó el abogado.
Y agregó, “si se pretende modernizar la gestión del Sernapesca debieran partir por una evaluación de la situación actual, caracterizada por una alta tasa de informalidad por registros cerrados, no corrimientos de listas de espera, manejo mono específico del registro y las pesquerías, que conducen a muchos incumplimientos de normativa provocada por la propia administración, ante esta situación, el proyecto no trae respuestas y debe ser corregido”.
La Conapach ha pedido a la presidenta Bachelet y a los parlamentarios que incorporen en la ley las propuestas que mejoran la situación de los pescadores, revisando las sanciones más gravosas, incorporando no conformidades y sacando de los tribunales las infracciones de poca importancia del punto de vista de la sustentabilidad.
Asimismo, es el momento de modificar las causales de caducidad en el Registro Artesanal, incorporando al menos dos modificaciones:
1.- Eliminar la causal del artículo 55 d) segunda hipótesis que establece la caducidad por no mantener los requisitos de inscripción establecidos en los artículos 51 ó 52, porque termina siendo una sanción a la vejez o a la enfermedad.
2.- Eliminar la causal del artículo 55 f) que establece la caducidad por no contar con el certificado de navegabilidad otorgado por la autoridad marítima vigente por tres años consecutivos y transformarlo en una causal de no operación o ejercicio de actividades pesqueras pero no en una causal de caducidad de derechos, porque termina siendo una sanción a la pobreza, a la falta de recursos para mantener una embarcación con la revista al día.
Estas causales, han provocado miles de caducidades en el sector artesanal, dejando a muchos pescadores operando en la ilegalidad y perdiendo buena parte de su patrimonio que en el caso de armadores lo constituye poseer una nave inscrita en el registro pesquero en pesquerías con acceso cerrado.
“Nos sorprende y molesta que las prioridades están dadas por los fracasos judiciales en perseguir a la gran industria por el blanqueo y pesca ilegal y que no sea prioritario evitar que a los pescadores se le caduquen sus derechos o se vayan presos por no poder pagar una multa” señaló el secretario de Conapach, Miguel Ávalos.