La consulta, realizada en enero del año 2016 por los entonces presidente y tesorero de la Conapach, Zoila Bustamante y Rodrigo Aguilar -respectivamente-, con el apoyo del diputado socialista por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, se hizo respecto a la resolución emitida por la Subsecretaría de Pesca en el año 2014, que permite dicha práctica en el marco de los convenios realizados al interior de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, ORP-PS.
En un documento emitido a través de la página web de la Contraloría General de la República, con fecha 11 de enero 2019, la entidad se pronuncia sobre la consulta de legalidad de la resolución exenta N° 3288, de 2014, emitida por la Subsecretaría de Pesca para autorizar la captura de cuota de jurel adquirida en el extranjero en el marco de los convenios de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS) al interior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena.
Mediante la misma, el gobierno autorizó la transferencia de cuota desde las islas Faroe a la empresa Lota Protein por 4.400 toneladas de jurel, autorizando a 4 buques pesqueros de esloras superiores a los 45 metros (PAM Don Boris, PAM Don Tito, PAM Coral I, PAM santa María II) para realizar las capturas tanto en Alta Mar como al interior de aguas jurisdiccionales chilenas.
En este contexto, la entidad fiscalizadora se pronunció favor de los argumentos presentados por el sector artesanal respecto a que la Subpesca no tiene las facultades legales para permitir la operación de la flota extranjera al interior de la ZEE, por afectar directamente a las cuotas de captura que se han determinado en la ley con miras a la conservación de los recursos.
Por consiguiente, el pronunciamiento no sólo aplicará respecto de la captura de las cuotas de jurel determinadas al interior de la ORP-PS, si no que en el futuro, para otras especies como la Jibia, que también entrarán en las materias y acuerdos que se negocian al interior de la convención internacional.
Al respecto, Zoila Bustamante, actual vicepresidenta de la Conapach, señaló sentirse conforme con la respuesta dada por la Contraloría, en cuanto frena una práctica gubernamental que no tiene sustento legal y que atenta contra las legislación vigente en términos de sustentabilidad y aplicación del enfoque ecosistémico, marcando un precedente en materia pesquera.
Por su lado, el diputado Fidel Espinoza, señaló que “a primera vista, estamos ante un dictamen que tiene que ser catalogado de histórico, porque va en la línea de lo que la propia FAO a determinado en todos los informes que ha realizado para el Estado chileno, solicitados por el mismo, en cuyos postulados dice que es fundamental resguardar la biomasa de las distintas pesquerías de nuestro país”.
Según el parlamentario, es importante además, porque el dictamen en unos de sus enunciados establece que comprar cuotas en el extranjero para venir a pescar en aguas jurisdiccionales chilenas vulnera las cuotas establecidas por ley, lo que constituye un hecho gravitante en tanto “le encuentra razón a los pescadores artesanales chilenos, que por años han venido viendo cómo a ellos se les restringe la pesca pero a los grandes industriales se les permite ingresar a nuestras aguas y arrasar con todo”.
“No nos cabe duda que este fallo va a traer repercusiones de todo tipo y que los industriales van a moverse por cielo, mar y tierra para buscar cambiar y darle otra interpretación pero el dictamen es categórico y contundente”, culminó Espinoza.