La semana pasada continúo la votación en particular del proyecto de ley que moderniza y fortalece la función pública del Servicio Nacional de Pesca, donde fueron acogidas favorablemente las observaciones que realizaron dirigentes de Conapach a cerca de la desproporción en las multas y sanciones dirigidas a la pesca artesanal.
En este sentido, la comisión aprobó de forma unánime un nuevo rango de multas que pueda sancionar la conducta ilegal y a la vez, les permita aplicar criterios de proporcionalidad, de acuerdo a la cantidad de recursos implicados en el ilícito. Lo mismo, respecto de la cantidad de años indicados para que el Sernapesca cancele inscripciones de plantas procesadoras y registros pesqueros desde la primera condena ejecutoriada, subiéndose a 5 años en vez de 2 años.
“Como Conapach, hemos estado atentos a la totalidad de las leyes que hoy se tramitan en el Congreso en las cuales está implicada directamente la pesca artesanal, entre ellas la ley que nos reúne hoy y que moderniza y fortalece el Sernapesca”, señaló Miguel Ávalos, secretario general de Confederación Nacional y presidente de la Corporación de pescadores artesanales de Caldera, quien asistió a la Comisión en compañía de Marcelo Segura, director de Conapach y dirigente de Coronel y Zoila Bustamante, presidenta de Conapach.
Y agregó, “en este contexto, nuestro principal objetivo es velar por los intereses de la gente que navega, que pesca y que quiere seguir desempeñándose en esta actividad por muchos años más, para lo cual hemos pedido gradualidad en las multas establecidas para que sean proporcionales al tamaño de las embarcaciones y a la cantidad de recursos implicados en la infracción, de modo que no amenace la existencia del sector artesanal”.
Pescadores propiamente tales
En la sesión de la Comisión de pesca, la diputada Radical, Marcela Hernando, acogió una propuesta largamente esperada por la pesca artesanal, que Conapach ha querido introducir por años en la ley y que es el libre desplazamiento de los pescadores propiamente tales a lo largo del país, pues ante la crisis que vive la pesca artesanal y el desplazamiento de las pesquerías de una región a otra, sería beneficioso en términos laborales y de productividad en el sector.
La diputada Hernando, quien presentó la moción como boletín en un principio, se comprometió a redactar la indicación para la próxima sesión e incluir así este artículo en el proyecto de ley que se está votando y que permanece en primer trámite constitucional. Según señaló la parlamentaria, se trata de reparar la moratoria de tres años que existe en la actualidad para que pescadores propiamente tales puedan trasladarse de una región a otra, “lo que para una persona sin trabajo puede resultar abusivo”, indicó la parlamentaria.
“Sería de gran ayuda para el sector que los pescadores artesanales propiamente tales puedan tener libertad de tránsito y trabajo a lo largo del país, pues mientras en regiones como la del Biobío el desempleo sube, en el norte hacen falta trabajadores para las faenas”, declaró Ávalos.
“De ese modo, se podría disminuir el desempleo en el sector y de paso dar mayor autonomía a la pesca artesanal para no depender de beneficios sociales, sin aumentar en ningún momento el esfuerzo pesquero. Somos el único sector productivo que ve limitadas sus posibilidades laborales por una medida de esta naturaleza”, indicó el dirigente.
Incautación de recursos
Respecto al destino de las incautaciones realizadas por el Sernapesca una vez acreditado el delito, la Comisión de Pesca de la cámara de Diputados rechazó la idea de devolver las especies incautadas previo pago de las multas.
La idea, según se señaló por parte de los parlamentarios, es profundizar en la gradualidad de las sanciones, de forma que el juez pueda decidir sobre la devolución de especies previo pago de la multa o una garantía, pero dependiendo de su valor comercial y de si se trata de recursos que irán a la fabricación de harina de pescado o para consumo humano. La idea es dar la posibilidad de redestinar los recursos mediante donaciones u otras fórmulas para que las especies no terminen en el vertedero.
“Es positiva la decisión que ha tomado la Comisión respecto de permitir que los tribunales de justicia, a través del juez, tengan la atribución de decidir sobre devolver los recursos incautados previa entrega de una garantía, dependiendo si se trata de recursos para harina de pescado o consumo humano y de su valor comercial”.
Medio Ambiente
Respecto a las sanciones y multas indicadas para el vertido de residuos contaminantes al mar, la disposición legal original contenía multas que irían desde las 200 UTM a las 10 mil UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción. Lo que se consideró excesivo en el tope mínimo por los parlamentarios asistentes, teniendo en cuenta los accidentes a los que puedan verse sometidos los pescadores artesanales en el caso de naufragio o volteamiento de tambores con combustible.
En ese sentido, se solicitó al ejecutivo cambiar el rango de multas, a 5 UTM la mínima y 10 mil UTM la máxima, poniendo especial énfasis en los grandes desastres ambientales provocados por la industria a los que se ha visto enfrentado el país, especialmente el sector artesanal, en los últimos 10 años.
Además se solicitó el cambio de guarismos, para que el reglamento no haga hincapié sobre la intencionalidad de los delitos, que son muy difíciles de demostrar, sino que se sancione a priori la falta de medidas preventivas para que los accidentes no se produzcan.
“No debemos olvidar que en materia de contaminación y preservación del medio ambiente marino, actualmente se están implementando por el Sernapesca diversas medidas para aumentar la trazabilidad de los recursos, de acuerdo a los tratados y acuerdos llegados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que, como pescadores artesanales, no podemos rechazar ninguna medida en este sentido, pues estamos comprometidos con la disminución de los riesgos de contaminación en nuestros lugares de trabajo”, puntualizó Ávalos.