Entre los cambios se encuentra que los pescadores artesanales serán infraccionados si no aparecen como titulares del Plan de Administración de las ECMPO, situación que deberá garantizarse por los propios pescadores previo acuerdo con las comunidades indígenas, de modo que si no existe un trato, no podrán ejercer su trabajo en caladeros donde históricamente lo han hecho.
En el Taller de Capacitación sobre normativa y procedimientos para la entrega de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y la función de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), realizado en la Región del Biobío, el gobierno a través de la encargada de la Unidad de Asuntos Indígenas de la Subsecretaría de Pesca; Dayana Vélez, anunció una nueva forma de leer la ley que restringe áreas de pesca al sector artesanal.
Según subrayó la funcionaria, son los pescadores artesanales los llamados a generar acuerdos con las comunidades indígenas solicitantes de las ECMPO para ser integrados en el Plan de Administración, de lo contrario, si no aparecen como titulares, los pescadores podrían ser infraccionados.
Ante ello, el secretario de la CONAPACH y miembro de la CRUBC de la Región del Biobío, Cesar Jorquera, advirtió sobre la inconveniencia de la nueva interpretación, debido a que provocará que pescadores pierdan caladeros de pesca históricos y por consiguiente, aumente el conflicto que ya existe entre comunidades indígenas y el sector pesquero artesanal.
El dirigente, apuntó a la idea de que es el Estado quien conoce dónde se realiza la actividad artesanal en las regiones, a través del Servicio Nacional de Pesca y la información entregada por los posicionadores satelitales, por lo que no debería otorgar ECMPO en los lugares donde se desarrollan. Por consiguiente debería ser una disposición a nivel nacional y no delegar la responsabilidad a las CRUBC, que son organismos regionales.
Según señaló Jorquera, perciben como una amenaza a la actividad pesquera artesanal a nivel nacional la posibilidad de ser infraccionados, puesto que hasta ahora, siempre se había informado de que debían estar incorporados en los planes de administración, sin embargo, la obligación no ocurrió en la práctica, ya que las comunidades solo llegaban a acuerdos con los sindicatos de pescadores vecinos a las áreas solicitadas.
“Es importante resaltar que hoy en la Región del Biobío, gracias a la nueva Ley de Fraccionamiento, se van a tener a disposición cerca de 100 mil toneladas de jurel, pesquería que este año se dio muy apegado a la costa, entonces, es evidente que si se siguen entregando ECMPO, se va a tener problemas para el uso de las cuotas y el ejercicio de la actividad, contraviniendo el espíritu de la ley de generar más trabajo y más cuotas para la pesca artesanal”, enfatizó.
“Es un hecho que las comunidades u organizaciones indígenas se van a dar a la tarea de solicitar ECMPO con la posibilidad incluso de pedir indemnizaciones o realizar cobros de peajes a los pescadores para que podamos acceder a nuestros caladeros, situación que tanto la Subpesca como el Sernapesca saben, que la actividad de la sardina, el jurel y la anchoveta se desarrolla en toda la costa del Biobío, por lo que va a ser complicado”, concluyó el dirigente.