El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP por sus siglas en inglés, fue uno de los puntos centrales a debatir, donde se criticó la poca información que se ha difundido sobre su contenido y la posibilidad tardía de contemplar en su elaboración más participación y consulta ciudadana
En el salón O´Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores se celebró el pasado viernes la mesa redonda «Acuerdos Económicos Internacionales y Derechos Humanos (DDHH): TPP, un caso de estudio», a la cual fue invitada Conapach, en conjunto con diversos representantes de la sociedad civil.
La introducción al debate estuvo a cargo del canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien señaló que los tratados son un medio para promover el crecimiento sostenible y «recogen y asumen el desafío de cautelar los derechos de las personas», enfatizando que los 12 países que integran el TPP, que incluye a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, acordaron un conjunto de disposiciones para ese objetivo.
La mesa, compuesta por el gerente Internacional y de Comercio Exterior, Manuel José Prieto; la consultora de arbitraje internacional, Ana Vohryzek; el representante de la Confederación Unitaria de trabajadores (CUT), Claudio Urrutia; la Co directora Observatorio Ciudadano “Chile mejor sin TPP”, Nancy Yáñez y el jefe del Departamento TPP de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Felipe Lopeandía, moderada por la periodista Mónica Rincón, tuvo por objetivo generar un diálogo en torno al nexo que existe entre la negociación de acuerdos económicos internacionales y el deber del Estado de proteger y garantizar los DDHH de los ciudadanos.
Al interior de la mesa hubo discrepancias entre los sectores público-privado y la sociedad civil respeto a la poca información difundida de los alcances del acuerdo TPP y la nula participación ciudadana con que se negocian, sin embargo, hubo coincidencias en cuanto son necesarios dichos acuerdos para entrar a los mercados y promover el crecimiento sostenible.
“Muchas veces los acuerdos internacionales, en vez de ayudar a las comunidades y la sociedad civil, vulneran sus derechos, como hoy está ocurriendo con los acuerdos generados en la ORP, se compran cuotas de pesca de jurel en el extranjero, por empresas extranjeras y luego le es permitido extraerlo dentro de nuestra zona económica exclusiva (ZEE), como quiere también ocurrir en la Ley de puertos”, señaló Zoila Bustamante, presidenta de Conapach.
En este mismo sentido, Nancy Yáñez señaló que, “la participación es la principal preocupación que hemos hecho explícita en esta mesa, aunque hoy lamentablemente aparece como una demanda extemporánea porque el acuerdo ya está firmado. Más, si entre las facultades del parlamento chileno respecto a hacer modificaciones al acuerdo es limitada, lo que echa por tierra la posibilidad de hacer cambios y el efecto que la participación pueda tener”.
Y agregó, “sin perjuicio de lo anterior, entendemos que queda abierto un espacio para poder insistir en la necesidad de hacer estudios de impacto en DDHH y ambientales, así como definir los alcances de las clausulas, de modo de poner en cuestión no solo los compromisos en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), porque significa ser regresivo respecto a los indicadores de Naciones Unidas, que establecen que las empresas no solamente están obligadas a la RSE o a políticas de buenos vecinos, sino específicamente a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de DDHH”.
“Eso implica que tengamos políticas con enfoque de derecho y no políticas más bien prestacionales o solidarias con las comunidades. En esa dirección, el TPP tiene una clausula ambiental que no es clara, es ambigua y un debate, aunque tardío, podría efectivamente profundizar en esos efectos y en la forma en que podemos prevenir, por ejemplo, impactos ambientales como la grave crisis que se está viviendo en la zona costera de la región de Los Lagos, donde hemos visto el nivel de compromiso que ha generado la falta de políticas en los derechos fundamentales de los pescadores artesanales de la región”, culminó Yánez.