Los pescadores criticaron el manejo de la crisis y acusan que más que acuerdos fueron imposiciones. Hacen un llamado a sus pares a permanecer movilizados, pues no existe certeza de quienes y cuántos recibirán los beneficios
Como insensible y mezquino fue catalogado por pescadores el actuar del gobierno en el conflicto por Marea Roja en la región de Los Lagos. Los dirigentes acusan que más que acuerdos fueron imposiciones por parte de las autoridades, a quienes llamaron a actuar con rapidez y transparencia en la solución de la crisis, advierten que permanecerán movilizados.
Los pescadores artesanales coincidieron en señalar que desde el primer momento se ha producido una demora en la adopción de medidas y que aún permanecen en la incertidumbre, responsabilizan a las autoridades encargadas del conflicto de actuar unilateralmente y de no comprender la gravedad del fenómeno.
José Molina, presidente del Sindicato de pescadores artesanales de Carelmapu dijo que “la primera necesidad fue que se decretara zona de catástrofe y que bajaran desde el gobierno una serie de instrumentos que nos permitieran enfrentar esta crisis de manera rápida y efectiva, de modo de frenar las consecuencias que el fenómeno marea roja provocaría en una comuna donde el 95% de la población trabaja en la extracción de mariscos”.
Molina explicó que desde un primer momento se pidió lo básico, lo necesario para salir adelante pero el gobierno centró la discusión en un bono de 100 mil pesos, a todas luces insuficientes para familias que pueden llegar a 4 personas y más, en promedio.
Respecto de los acuerdos alcanzados, Molina fue categórico al señalar que “en la comuna de Maullín no lo llamamos acuerdo, para nosotros fue una imposición del gobierno. Lo que nosotros hicimos fue mejorar esa imposición y subir los bonos. Cuando se habla de un acuerdo es porque ambas partes se encuentran satisfechos, pero en este caso, el único satisfecho es el gobierno, de entregar una ayuda mínima a su gente. Quisimos mejorar la situación pero lamentablemente el gobierno fue muy duro e insensible”.
Por su parte, Javier Ruiz, presidente de Algas Chile, de la Federación de pescadores artesanales Rivera Norte y director Conapah, señaló que “el gobierno reaccionó muy tarde, con acuerdos demasiados básicos. No sabemos aún a quienes les va a llegar el bono, ni donde hay que dirigirse cuando se reúnen los requisitos, lo mismo en el tema de hijos de pescadores que cursan la educación superior”.
El dirigente acusó que “no existe un funcionario o una persona nombrada desde el gobierno central a quien acudir para plantear las dudas y los reclamos, estamos sufriendo la incertidumbre”, puntualizó.
Quien fue más allá en sus declaraciones fue Marcos Salas, presidente del Sindicato N°1 de pescadores artesanales de Quellón y director de Conapach, señalando que “el gobierno desde un principio no había logrado identificar el problema más allá de lo que pareció en televisión sobre el varamiento de machas, minimizó la presencia de marea roja y se enfocaron en dar el mínimo de aportes para solucionar este tema pensando tal vez que en una semana esto estaría resuelto”.
“No se vio la realidad de la pesca artesanal en su conjunto, en que hay mucha gente que vive y trabaja en el borde costero sin papeles, de comunidades indígenas recolectoras y de todas las dinámicas que se viven en la actividad misma, entre buzos, asistentes de buzos y recolectores, todas situaciones que venimos advirtiendo desde muchos años atrás y que podrían verse reflejadas en mejores políticas más acordes con la realidad”.
Salas advierte que van a quedar muchos pescadores fuera de los beneficios si se toman en cuenta los filtros que ha determinado el gobierno pero que no vio interés ni disponibilidad de recursos para ir en ayuda de estos sectores.
Para terminar, Zoila Bustamante, presidenta de Conapach, sostuvo que “el día que anunciaron que las costas del océano y aguas interiores tenían Marea Roja, que para nosotros no es nada más que la contaminación vertida al mar por la industria del salmón, nos dejó con los brazos caídos y sin poder trabajar hasta el día de hoy. La autoridad todavía no se ha dado cuenta de la magnitud del daño hecho a nuestro sector y han tratado de palearlo con un bono que, para más remate, con suerte va a llegar a los realmente afectados y que no suple ni la cuarta parte de lo que cuesta vivir hoy”.
Y agregó, “nosotros, a diferencia del gobierno que sólo quería entregar un bono e irse, propusimos investigación para ver la realidad de este fenómeno, becas para nuestros hijos, apoyo a las comunidades de pueblos originarios afectados, investigación fidedigna para las pesquerías bentónicas, como el erizo, que genera miles de puestos de trabajo y que hoy es el único recurso que está paleando un poco la crisis que enfrenta nuestro sector”.
Hijos de pescadores en la educación superior
Los hijos de pescador que cursan la educación superior fue una preocupación que se puso en todas las mesas de negociación por parte de dirigentes de la pesca artesanal, pese a lo anterior aún se tienen dudas.
Así lo confirmó Javier Ruiz de Rivera Norte, quien señaló que “aún no se dan señales claras desde el gobierno para empezar a trabajar, después de una negociación supuestamente terminada con las bases. No sabemos qué va a pasar con los estudiantes de universidades privadas”.
Por otro lado, José Molina de Carelmapu, señaló que se pidió al gobierno que se agilizara la entrega de becas a los alumnos que ya se las habían adjudicado y la factibilidad de dialogar con Banco Estado para que entregue soluciones a quienes no puedan pagar. “Este punto es una prioridad porque los estudiantes deben salir de sus casas y existe una gran parte de ellos que no tienen gratuidad y que se enfrentan al pago mensual de sus aranceles”
Señales de Transparencia
A las críticas sobre el manejo de la crisis, Molina sumó el hecho que el gobierno haya repartido bonos a gente que no cumplía con los requisitos y que incluso trabajaba en el sector salmonero.
“El gobierno comenzó a repartir el bono a diestra y siniestra con el fin de romper el movimiento, cuestión que ahora los tiene atrasados en la entrega, provocando la desesperación de la gente. En los próximos días nos gustaría tener una radiografía de cuál es el número de beneficiados y cuántos quedaran fuera, aun cumpliendo con los requisitos”, señaló.
Y agregó “le pedimos al gobierno que entregue la nómina de la gente que ha recibido el bono, queremos que se den señales de transparencia, para poder hacernos una idea de cuántas personas no recibirán el bono y de alguna manera apoyarlos. Hasta el momento no hay certezas”.
En este sentido, el dirigentes llamó a pescadores y comunidades indígenas a seguir movilizados “el hecho que no estemos en las calles no significa que estaremos en nuestros hogares tranquilos. Debemos organizarnos para en un futuro enfrentar de la mejor manera la marea roja, sea este un fenómeno que se retire o que llegue para quedarse. Hay que replantear el futuro y fortalecer la pesca artesanal, mantener nuestra identidad y existencia, que corren un grave peligro de desaparecer”.
Desconfianza
Uno de los puntos más relevantes que se discutió durante los 19 días que duraron las protestas es el tema medio ambiental y de contaminación que ha provocado durante años la industria salmonera en los mares interiores y mar abierto en la región, con las consecuencias lógicas.
Ante lo anterior, el Gobierno anunció la conformación de un equipo de científicos independientes, del más alto nivel internacional, con el objeto de estudiar el fenómeno de marea roja, causas y mecanismos de control, cuestión que pescadores miran con desconfianza y que motivó a Conapach a interponer una querella criminal para establecer la eventual comisión de delitos.
Al respecto, Marcos Salas, dirigente de Quellón, se refirió a este punto sosteniendo que “aquí no se han hablado los temas de fondo, nosotros sabemos que la marea roja se produce por ciertas condiciones como el alza de la temperatura por fenómenos climáticos, etc., pero también sabemos que la contaminación provocada por las salmoneras aumentan las condiciones para que un fenómeno así se desate sin control”.
“Hoy día los científicos que harán el estudio han sido contratados y pagados por el gobierno, quien ha permanecido hermético respecto a este tema. El estudio hablará sobre la temperatura, sobre el clima, la salinidad y nada dirá de las toneladas de desechos que se vertieron al mar, no hablamos de pescados enteros sino de una masa viscosa en descomposición, una masa de grasa, desintegrada con productos químicos y que tienen antibióticos”, enfatizó.
Lo mismo piensa José Molina, “no tenemos grandes esperanzas en los estudios y no sabemos si son tan independientes, desde el momento que es el gobierno quien los financia y elige a las personas que conforman el selecto grupo de científicos. Nosotros tenemos nuestras aprehensiones”, señaló. Y aseguró que han interpuesto acciones legales para que se esclarezca si la metodología utilizada por el Sernapesca y el Servicio de Salud fue acorde a los requerimientos legales. Anuncian que el próximo paso es el tribunal ambiental de Valdivia.
Unión
Una autoevaluación surgió de los mismos dirigentes al ser consultados acerca del manejo de las movilizaciones y sus alcances en la comunidad.
“El movimiento nació de forma espontánea, nunca había ocurrido algo así, 1500 personas marcharon por Carelmapu. Luego se nos propone desde Maullín radicalizar la movilización con la toma de carretera y paulatinamente comenzaron a unirse otros sectores de la provincia como Rivera Norte, Estaquilla y Quenuir. Más que una coordinación entre dirigentes fue un levantamiento sorpresivo, de cada una de las comunidades para que dieran solución a la situación dramática que se vivía y donde claramente las autoridades se vieron sobrepasadas”, contó José Molina.
En este mismo sentido, Marcos Salas, dirigente de Quellón, dijo que el movimiento artesanal fue apoyado por diversos sectores, indígenas y de la ciudadanía en general, que se sienten defraudados del gobierno por el control que tiene sobre el medio ambiente. “No podemos decir que fue solo la pesca artesanal la que participó del movimiento, ni que todas las barricadas les eran propias, ya que muchas personas, pescadores y no pescadores, se han visto afectados por esta situación”.
Y recalcó, “en un momento los dirigentes de la pesca artesanal tuvimos que llegar a acuerdos con los distintos movimientos, buscar consensos porque comprendemos que las demandas y planteamientos provenientes desde otros sectores son igual de válidas. En Quellón, salimos como comunidad, como siempre los hemos hecho, planteamos que somos una familia y que cuando se reclama, si sale uno salen todos”.
Por su parte, la presidenta de Conapach señaló que “lo mejor de todo el proceso fue ver cómo nos logramos organizar, coordinar y articular para que no nos quebraran el movimiento y pasara lo que algunos trataron de hacer. Lo importante es que, ni acuerdos truchos ni traiciones lograron bajar el movimiento de la pesca artesanal y logramos transmitir que estamos más vivos que nunca y que a la hora de defender nuestros derechos somos uno sólo. Y la lección: a río revuelto ganancia de sinvergüenzas, aprovechadores y oportunistas”.